¿En qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad?

Ante la situación actual que atraviesa nuestro país la gente se cuestiona, si las sentencias judiciales han sido demasiado duras para aquellos que no pudieron hacer frente a las deudas. En concreto, hablamos de aquellas personas que han sido desahuciadas o han tenido que recurrir a la dación en pago para afrontar el pago de sus préstamos.

El sistema hipotecario español está anticuado, en vez de poner facilidades para aquellas personas que tienen problemas para llevar al corriente de pago sus cuotas mensuales, ponen trabas.
Hasta ahora, cuando una persona física no tenía los recursos para hacerse cargo de su hipoteca, la entidad bancaria le advertía de que estaba incurriendo en una situación de impago. Si éste era inferior a tres letras del préstamo hipotecario, el banco daba la opción de regularizar la situación. Si el prestatario no podía, la entidad podía iniciar trámites judiciales.

Llegado a ese punto, la vivienda se ponía en subasta por un valor de un 60% – 70% de la tasación. El 30% – 40% restante del valor de la vivienda corría a cargo del titular de la hipoteca. Es decir, aparte de quedarse sin su vivienda, seguía en deuda con el banco.

Los expertos dicen que nuestro sistema está muy por debajo de otros países europeos para aquellas personas con endeudamiento hipotecario. Las soluciones que aportan las entidades bancarias están lejos de ser una “solución” para el afectado. Alternativas como la dación en pago, son poco viables en este país.

Es ahí, donde aparece la “Ley de Segunda Oportunidad” creada con el cometido de recompensar aquellos ciudadanos españoles que hicieron y hacen un esfuerzo durante los tiempos de crisis.
Según la vicepresidenta del Gobierno, la aprobación de la Ley de Segunda Oportunidad, permitirá a las familias con dificultades económicas reestructurar su deuda mediante acuerdos especiales de pagos. Sin embargo, para muchos expertos, está Ley llega mal y tarde.

Por otro lado, el Gobierno quiere repasar y modificar los plazos de prescripción de reclamaciones de la deuda, que cambiarán a 5 años en vez de los 20 años actuales. Asimismo, van a revisar el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que las personas físicas puedan sacar beneficio de la eliminación de las cláusulas suelo.

Los colectivos más indefensos se podrán beneficiar de una prórroga hasta 2017 de la interrupción de los desahucios que tenían como fecha límite mayo de 2015. Además, quedarán impunes de las cláusulas que gravan los créditos hipotecarios.

Por último, la Ley de Segunda Oportunidad hará posible aumentar el límite anual de la renta de 19.170 euros a 22.365 euros.